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17 - 07 - 18, Castellón, 2018

Jornada reivindicativa sobre los derechos de los marinos en PORTCASTELLÓ

PORTCASTELLÓ

Coincidiendo con el primer aniversario del centro Stella Maris de Castelló, el único implantado en todo el litoral valenciano
 
 
La Autoridad Portuaria de Castellón ha albergado un debate sobre los derechos que amparan a los tripulantes de mercantes y cruceros y sobre el grado de cumplimiento del Convenio suscrito por la Organización Marítima Internacional en 2006 y ratificado posteriormente por el Parlamento español. 
 
La sede de PortCastelló ha sido escenario de la participación de diferentes ponentes que han reclamado que se intensifiquen las inspecciones a bordo de los buques, que se establezcan unos requerimientos mínimos para trabajador a bordo de los barcos y que se creen las llamadas Comisiones de Bienestar Social en los puertos en dónde los agentes sociales, empresarios y sindicatos, junto a las autoridades portuarias puedan anticiparse a los problemas de toda índole  que puedan surgir entre ese colectivo profesional.
 
El presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Toledo, anfitrión del encuentro, ha agradecido “la tarea encomiable que desarrolla el centro Stella Maris en la acogida de marinos, asesoramiento y traslado de los trabajadores de la mar”. Toledo ha ensalzado la actividad de este centro, todo un referente en la Comunidad Valenciana, ubicado en unos locales de PortCastelló, por haber visitado a bordo de los buques atracados en nuestros muelles a un total de  1.700 tripulantes de 37 nacionalidades diferentes en su primer año de vida.
        
El director del Stella Maris, Albert Arrufat, señaló en este debate que los voluntarios de esta institución han visitado 120 buques en este primer año de existencia. “Lo consideramos, ha dicho, una cifra considerable que da cuenta de la fuerte rentabilidad social que aporta esta inversión del Puerto, del departamento de Bienestar Social del ayuntamiento castellonense, y de la dedicación de los voluntarios”. El director del Apostolado del Mar y párroco del Grao ha cuantificado en más de 800 marinos los atendidos en el centro, en donde los marinos, ha dicho “encuentran todos los días una cara amiga que les presta toda su ayuda”.
 
        
En el acto, al que ha asistido medio centenar de invitados representando a toda la comunidad portuaria castellonense y el concejal del área de Bienestar Social, José Luis López, han participado también Francisco Arnau, quien fuera delegado por España ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo dependiente de la ONU con sede en Ginebra. Arnau también fue jefe de la Inspección de Trabajo en Castelló y parlamentario socialista por esta circunscripción durante 22 años. Así como Juan Ramón García, capitán de barco, doctor en Marina Civil y uno de los cinco inspectores que operan en España en representación de la Federación Internacional de Sindicatos del Transporte (ITF).
 
Según Arnau, “el convenio marítimo que tardó varios años en aprobarse es como el Estatuto de los Trabajadores pero a nivel mundial. Regula los salarios, los tiempos de descanso, las vacaciones y la jornada laboral”. Para él hay que intensificar las inspecciones para evitar situaciones de abuso a bordo de esos barcos. El convenio, ratificado por 87 países, es una ley universal. Este experto abogado en temas marítimos ha instado a “perseguir las malas condiciones laborales que provocan la fatiga de los tripulantes y que, por ende, propician un aumento en la siniestralidad laboral”.       
 
El capitán Juan Ramón García, que lleva once años como inspector de la ITF en los puertos españoles, ha incidido en que la defensa de los derechos sociolaborales de estos trabajadores es una forma más de respeto de los derechos humanos. “No se puede estar trabajando a bordo, alejado de sus familias y no percibir los salarios correspondientes durante cuatro o más meses seguidos”, ha matizado. España, según él, es el tercer país, tras Australia y Rusia, en número de inspecciones. Gracias a esa tarea se han logrado recuperar en salarios impagados en un año un total de 2'5 millones de dólares. J.R.García ha abogado, por último, “por mejorar la atención médica de los marinos, propiciar contratos laborales adecuados y salvaguardar la seguridad laboral a bordo”.

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